La Cámara de Apelaciones de Trelew celebrará una audiencia el próximo jueves 29 de mayo a las 9:00 horas para revisar el fallo dictado en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”. En esta instancia, intervendrá un nuevo tribunal que evaluará la decisión adoptada por los jueces Carlos Richieri, José Ennis y Marcela Pérez Bogado, conforme al material probatorio y la acusación presentada por el fiscal Omar Rodríguez.

Según informó el Ministerio Público Fiscal del Chubut, la sentencia de primera instancia constituyó un precedente judicial en la provincia, al tratarse de la primera condena por un caso de personas que percibían salarios del Estado sin cumplir funciones efectivas. El fallo fue considerado relevante para prevenir futuras situaciones similares, y se dictó tras un extenso proceso que culminó con un veredicto condenatorio.

La resolución judicial se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Chubut en la lucha contra la corrupción y se suma a otras condenas impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP), a cargo del fiscal Rodríguez. En el fallo, el tribunal remarcó la necesidad de respetar la normativa internacional y la ley de ética pública, señalando que este tipo de conductas “no deben ser toleradas bajo ningún aspecto”.

Desde la UFE DAP manifestaron que “se continuará trabajando con el máximo compromiso dentro del marco legal y en cumplimiento de las obligaciones internacionales, bajo una política de cero tolerancia a la corrupción”. Asimismo, señalaron que la función pública debe ejercerse con transparencia y no ser utilizada para obtener beneficios personales, y destacaron que una justicia imparcial es clave para construir una sociedad más justa.

Cabe recordar que una ex funcionaria fue hallada culpable en cuatro hechos del delito de fraude a la administración pública y tres hechos del delito de exacciones ilegales. Este último cargo significa el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores. Para la Justicia quedó acreditado que esta maniobra se la realizó al denunciante del caso

Los delitos investigados fueron por proponer el nombramiento de funcionarios públicos, una persona en la Legislatura y luego tres en el Ministerio, sin que exista contraprestación laboral alguna.

Por lo tanto, se condenó a  Torres Otarola por pedirles a sus asesores legislativos que le depositen la mitad del sueldo acción que coordinaba y ejecutaba Cañumil.

Además de Cañumil, también fueron declarados culpables de defraudar a la administración pública, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, todos con domicilio en Buenos Aires. La primera como Directora General y los otros dos como directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. 

Los jueces destacaron que estas maniobras también quedaron acreditadas por los testimonios de empleados de planta permanente que debieron realizar tareas que no efectuaba los contratados por Torres Otarola.