Del porro al proceso legal: cómo un celular encendió una causa federal

Tomás llegó al estudio un martes al mediodía, acompañado por su madre. Tenía 19 años, un buzo con el logo de una banda de trap y las manos temblorosas. Lo habían detenido el fin de semana anterior, en un control vehicular de rutina. La policía le encontró una bolsita con marihuana: 15 gramos, lo justo para pasar una noche con amigos, según su relato. Nada que un juzgado no pudiera considerar dentro de los límites del consumo personal.

Sin embargo, lo que parecía una infracción menor se transformó en una causa federal seria cuando, tras el allanamiento de su domicilio, la policía secuestró su celular.

Al revisar el dispositivo, las autoridades descubrieron que Tomás había adquirido la marihuana a través de un canal de Telegram y luego la repartía con otros amigos, de manera habitual. Este hallazgo lo llevó a ser imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una acusación mucho más grave que la simple posesión para consumo personal. En la jerga judicial, el salto es brutal. De un delito menor con una pena de 1 mes a 2 años, pasó a un delito con una pena de 4 a 15 años. De consumidor a engranaje de una red narco. Todo por un celular y unos cuantos mensajes cifrados.

El dealer operaba bajo el alias de “GreenPatagonia420”. Su canal tenía más de 800 miembros, catálogos con emojis y precios actualizados cada semana. Había promociones, entregas a domicilio y atención personalizada. Un e-commerce de drogas en miniatura, oculto bajo capas de anonimato digital.

El nuevo escenario del narcotráfico

El caso de Tomás no es aislado. En los últimos años, las redes sociales y aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp se han convertido en herramientas clave para el narcotráfico.

Según un informe de InSight Crime, Telegram se ha posicionado como un mercado predilecto para la venta de drogas en Argentina, debido a su enfoque en el anonimato y la encriptación.  

La escena se repite en decenas de causas que hoy inundan los juzgados federales. En Telegram, los dealers no necesitan esquina, no necesitan contacto físico. Operan con la lógica de un influencer o un vendedor de Mercado Libre: crean un canal cerrado, ofrecen productos con íconos crípticos —🍄 para hongos, 💊 para éxtasis o pastillas, 🔥 para flores premium— y reciben pagos por billeteras virtuales o criptomonedas.

Los usuarios son, en su mayoría, jóvenes. Algunos compran una o dos veces. Otros se enganchan, revenden a amigos, caen en la trampa de la subsistencia. En pocos meses, pasan de consumidores a “brokers de sustancias”. La frontera es porosa. Y la ley, muchas veces, inflexible.

Como abogado, lo que antes era una defensa por consumo personal —con chances reales de sobreseimiento— se vuelve una estrategia compleja: ¿cómo probar que alguien compró para sí y no para vender, cuando el canal ofrece descuentos por volumen y el lenguaje es deliberadamente ambiguo? ¿Cómo discutir intenciones, cuando el algoritmo ya hizo su trabajo?

La respuesta judicial

Ante este nuevo modus operandi, la justicia ha tenido que adaptarse. La Cámara Federal de General Roca, por ejemplo, ha validado en causas de narcotráfico la utilización de la figura del agente revelador en la red social Telegram.  

Esta herramienta permite a las fuerzas de seguridad infiltrarse en grupos de mensajería para identificar y detener a los responsables de la comercialización de estupefacientes, haciéndose pasar por clientes, para, justamente, “revelar” al dealer.

Sin embargo, la maquinaria judicial todavía se mueve con torpeza. Los protocolos son escasos, las pericias son lentas y muchas veces el Estado persigue al eslabón más débil de la cadena. Como Tomás.

No todo el que compra es narco

El problema no es solo legal, es también cultural. Hoy los pibes pueden acceder a estos consumos muy fácilmente, con apenas unos movimientos sobre la pantalla táctil. El delivery de drogas forma parte de la cotidianeidad en nuestro tiempo. Quien provee drogas ha dejado de ser, en muchos casos, alguien a quien se lo pueda considerar un “mafioso” o parte de un entramado del narcotráfico grueso.

Esto no significa que no haya crimen. Lo hay. Pero no es el crimen del narco con cadenas de oro y una 38 en la cadera. Es otro. Más difuso. Más sutil. Más tecnificado.

De hecho, en espacios muy próximos y cotidianos existen grupos de Telegram públicos donde se pueden observar ofertas de compra y venta de todo tipo de drogas -entre otras cosas-, lo que hace patente que esta nueva modalidad del tráfico de estupefacientes no es una cuestión de las grandes ciudades, sino que se extiende a todos los rincones de nuestro país.

Por eso, como penalistas, debemos ser cautelosos. Hay que investigar, sí. Hay que perseguir a quienes lucran y multiplican los daños. Pero también hay que distinguir. No todos los que compran son parte del sistema. Y no todo chat es una prueba de delito.

Reflexiones finales

El caso de Tomás evidencia cómo la tecnología ha transformado el panorama del narcotráfico. Lo que antes se limitaba a transacciones en la vía pública, ahora se realiza en la intimidad de un chat cifrado.

Como abogado penalista, me enfrento al desafío de defender a jóvenes que, como Tomás, se ven atrapados en una red que combina la inmediatez de la tecnología con la severidad de la ley.

Es fundamental que la justicia distinga entre los consumidores y los verdaderos responsables de la comercialización de drogas, adaptando sus herramientas sin perder de vista los derechos individuales.

Nota: Los nombres de este artículo son ficticios pero basados en hechos reales para resguardo de la confidencialidad y tiene como objetivo ilustrar las complejidades legales del narcotráfico digital en Argentina.