Los puntos clave de la denuncia contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut

La crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial de Chubut sumó un nuevo capítulo tras la adhesión del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn al pedido de juicio político contra los seis ministros del Superior Tribunal de Justicia, así como al Procurador General y al Defensor General. 

En un comunicado público, la entidad detalló una serie de medidas adoptadas por el máximo tribunal provincial que, aseguran, socavan la legalidad, la ética pública y la confianza ciudadana.

En un comunicado oficial respaldan la iniciativa de juicio político impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut ante lo que califican como una “inédita crisis institucional generada por las decisiones discrecionales de sus órganos de gobierno.”

Destaca luego que “Los integrantes del Superior Tribunal han socavado su credibilidad con medidas como la exención del impuesto a las ganancias a una de sus ministras por su condición de jueza municipal de faltas; la asignación de doce pasajes aéreos gratuitos por año; la duplicación de viáticos —que alcanzan los $ 320.000 diarios para traslados superiores a 300 km—; la implementación del teletrabajo para todo el personal; la omisión de la fundamentación individual exigida por el artículo 169 de la Constitución provincial; la introducción de la figura de “ministro referente”; la designación de secretarios privados; el otorgamiento de adicionales no remunerativos por “gastos de investidura” que elevan sus ingresos hasta un 60 %; la compra de vehículos de alta gama y el nombramiento de personal sin concurso previo. A esto se suma el trato despectivo a los operadores jurídicos, las contrataciones directas y las remociones arbitrarias, configurando un patrón de opacidad y privilegios incompatible con los principios de ética pública, transparencia, independencia judicial y respeto al orden constitucional.”

Y suman un dato que no es menor “Este escenario se agrava con el incumplimiento sistemático del deber de responder a los pedidos de acceso a la información pública presentados por este Colegio, y con el silencio institucional persistente frente a los legítimos reclamos de magistrados, trabajadores judiciales y operadores jurídicos.”

Marcan finalmente que “En tales condiciones, poco puede esperarse de un cuerpo que ha optado por el aislamiento, el secretismo y el privilegio. La autoridad moral para dictar sentencias sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía está profundamente deteriorada.”

A continuación, el detalle de los principales cuestionamientos:

🔹 Medidas discrecionales denunciadas

• Exención del impuesto a las ganancias para una ministra, basada en su condición de jueza municipal de faltas.
• Asignación de 12 pasajes aéreos gratuitos por año para cada integrante del tribunal.
• Duplicación de viáticos, alcanzando montos de hasta $320.000 diarios para traslados mayores a 300 kilómetros.
• Implementación de teletrabajo para todo el personal, sin explicaciones fundadas.
• Omisión de fundamentación individual en las decisiones, en violación del artículo 169 de la Constitución provincial.
• Creación de la figura de “ministro referente” sin base normativa.
• Designación de secretarios privados y personal sin concurso.
• Adicionales no remunerativos por “gastos de investidura”, que elevan sus ingresos hasta un 60%.
• Compra de vehículos de alta gama para uso personal.

🔹 Irregularidades en el funcionamiento institucional

• Falta de respuesta a pedidos de información pública, incumpliendo la obligación constitucional de transparencia.
• Trato despectivo a operadores jurídicos.
• Contrataciones directas y remociones arbitrarias.
• Patrón de opacidad y privilegios que contradice los principios de ética, transparencia, independencia judicial y orden constitucional.

🔹 Falencias en la designación de ministros

• Falta de paridad de género.
• Ausencia de antecedentes académicos relevantes.
• Débil arraigo regional.
• Designaciones realizadas sin criterios de idoneidad ni representación.

🔹 Otros cuestionamientos

• Desprecio por la institucionalidad, aislamiento de la ciudadanía y cierre al diálogo.
• Persecución laboral y sanciones internas injustificadas.
• Uso de fondos públicos sin rendición transparente.

El Colegio de Abogados concluye que la situación es “irreparable” con los actuales integrantes y solicita una renovación integral del Superior Tribunal, basada en la legitimidad, la idoneidad y el compromiso con los valores democráticos y constitucionales. 

El documento, difundido el 12 de junio, refuerza el reclamo de fondo que une por primera vez en muchos años a magistrados, operadores judiciales y trabajadores del Poder Judicial en una misma posición crítica.