Su incremento está vinculado entre otros factores, a la pérdida del espacio público, un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia y temor.

Por ello, es necesario el debate de la nueva problemática de  la Seguridad Ciudadana, que es un eje clave en las nuevas políticas de control, redefiniendo una nueva concepción sobre la inseguridad.

El gobierno nacional ha obtenidos varios logros en la lucha contra el narcotráfico, pero el desafío sigue siendo el dar una respuesta concreta a los reclamos de la inseguridad ciudadana.

El  Ministerio de Seguridad de la Nación compuesto por fuerzas federales se encuentra abocado a los delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo o el contrabando, pero la mayor debilidad se observan en los municipios y provincias donde las policías locales no logran frenar la inseguridad, por falta de recursos, estrategias, áreas especializadas o simplemente el desconocimiento de los nuevos paradigmas de la seguridad ciudadana.

Según algunas fuentes del gobierno nacional, resulta muy difícil coordinar con algunos gobernadores un plan de lucha integral contra la delincuencia desde nación, especialmente en año electoral, donde las responsabilidades no encuentran destino.

En algunas jurisdicciones se observa la falta de equipos técnicos políticos en materia de política criminal y seguridad ciudadana, sin enumerar las escasas acciones realizadas por las fuerzas de seguridad en materia de investigación criminal, inteligencia criminal que no cuentan con el respaldo adecuado, recursos o una coordinación interjurisdiccional, lo que alienta a seguir en un estancamiento permanente y del cual solo surgen parches esporádicos sin tratar el problema de fondo, el cual es complejo y necesita del consenso de varios actores para poder hacer un abordaje integral de cada situación.

Dicho entorno y la falta de consensos políticos impiden implementar políticas públicas adecuadas de mediano y largo plazo, que perduren en el tiempo más allá de los gobiernos. Por ende, la gestión de la seguridad ciudadana incluye la participación de todos los habitantes (del tercer sector y agentes gubernamentales) y para que se perpetúe en el tiempo, y deben ser convocados desde espacios de gobierno con mecanismos trasparentes y confiables.

Desde la década del noventa se comenzó a visualizar una transformación en el sistema penal y las políticas criminales que derivó en el despliegue de estrategias preventivas, pero también a intervenciones punitivas vinculadas a discurso de mano dura y tolerancia cero.

Dichos cambios en relación con el tratamiento del delito implican nuevos desafíos para los gobiernos locales, al igual que nuevos lineamientos basados en la prevención que implican el despliegue de estrategias de prevención situacionales y sociales.

La intervención social de las nuevas políticas de seguridad está orientada al control y gestión del conflicto social, pero no debemos confundir el concepto de control, ya que solo se trata del eje que atraviesa las nuevas prácticas de prevención buscando una gestión de los riesgos y conflictos sociales.

Las consecuencias que provocan la inestabilidad social, el aumento del desempleo, el empobrecimiento de los sectores marginados de la sociedad  terminan catalogando a estos sectores como grupos de riesgo.

En resumen, las políticas de seguridad no se reduce a la política criminal sino que la problemática de la seguridad debe ser abordada multiagencialmente, desde el ámbito local y con pequeños diagnósticos y es necesario que la sociedad civil, las asociaciones y organizaciones sociales, participen en las tareas de mantenimiento de la seguridad, generando nuevas articulaciones entre los actores sociales.