A fines de octubre comenzó en Esquel un juicio contra cuatro policías de la División Seguridad Trevelin, acusados de cometer una privación ilegítima de la libertad y vejaciones, en un control realizado el 25 de febrero de 2021 en la Ruta 259. 

Las defensas sostienen que se trató de un procedimiento en el que hubo agresiones a los policías y resistencia, en el que los acusados actuaron de acuerdo a las circunstancias sin apartarse de la ley.

El tribunal unipersonal a cargo de Ricardo Rolón dirime si el accionar policial fue legal o con excesos. La Fiscal María Bottini sostuvo en su alegato que logró acreditar su teoría del caso. 

Las dos defensas particulares ejercidas por Daniel Sandoval y Marcelo Iván López aseguran lo contrario. El próximo martes por la mañana el juez hará pública su decisión.

En su alegato, la Fiscalía concluyó que el denunciante sufrió una detención ilegal por parte de la policía, privándolo ilegalmente de su libertad para ser además golpeado y humillado por el personal policial actuante, perteneciente a la policía de la División Seguridad Rural de Trevelin, Jones, Williams, Phillips y Espósito.

Bottini relata siguiendo la declaración del denunciante el contexto en el que se produjo un cambio de conductor del rodado en el que circulaban desde Trevelin hacia Esquel, luego de pasar el control policial. Fue en ese lugar que frenó un móvil policial con los policías imputados en su interior. 

El denunciante contó que bajó, le pidieron los papeles del auto y en algún momento usó la palabra “boludo” aunque no a modo de insulto. Entonces los policías se habrían tornado violentos, discutieron, lo esposaron, lo tiraron al piso, lo arrastraron y luego lo subieron al móvil a golpes y patadas. 

“Una vez dentro del móvil policial, lo asfixian, le meten la cabeza entre las piernas, y le siguen pegando, se queda sin el pantalón, lo llevan al hospital y lo bajan descalzo y en calzoncillos (totalmente humillantes, claramente constitutivo de vejaciones), él se niega a revisarse porque se sintió humillado al bajarlo al hospital en ropa interior, y lo llevan a la comisaría. Ahí ya en la comisaría se queda más tranquilo, y luego lo llevan nuevamente al hospital”, donde fue confeccionado el certificado.

La fiscal se refirió a las pruebas producidas en el debate que corroboran estos dichos. Entre otras las secuelas físicas y emocionales sufridas a raíz del hecho. Puntualizó que no se dilucida en el debate si hubo o no una infracción de tránsito, sino que lo que está en juego es determinar si los policías se excedieron, incurriendo en conductas prohibidas por el Código Penal.

Bottini resaltó que “ninguna detención sea legal o ilegal puede acarrear malos tratos y demás sufrimientos innecesarios como ha ocurrido en este caso. Estuvo claro durante el hecho la intención de los imputados de desmoralizar y humillar” al denunciante.

Por su parte el abogado Daniel Sandoval sostuvo que el denunciante fue acomodando su versión. Aseveró que su defendido aplicó la fuerza necesaria para la aprehensión. Habló del desempeño en la fuerza como antecedente de una conducta intachable.

López sostuvo que los hechos sucedieron de una manera totalmente diferente a la relatada por la Fiscalía. Añadió que no están probadas las lesiones y que no hay coautoría funcional porque no se pudo determinar que comportamiento tuvo cada uno de sus defendidos.