En contacto con FM SOL el Fiscal General, Omar Rodríguez, confirmó que la investigación que comenzó hace un tiempo está vinculada con la presunta existencia de un grupo de personas que estarían bajo la órbita del ministerio de Familia  cobrando del Estado Provincial sin cumplir funciones para él.

También intenta determinar la probable existencia de una "caja política" tal cual fue denunciado por el contador esquelense Martín Sandoval, días atrás.

El fiscal jefe de la Unidad de Delitos contra el Estado, precisó  "Estamos recogiendo información para verificar si los dichos de Sandoval tienen sustento en elementos probatorios. Fuimos a la Legislatura, a la Dirección de Personal del Ministerio de la Familia y también a otros organismos para buscar la información correspondiente", añadió el Fiscal.

"A partir de los dichos de Sandoval, surge que había una retención indebida de un porcentaje de los sueldos del Personal de Legislatura que se remitían a una secretaria de la entonces diputada", explicó, y agregó que también se investiga a personas que cobraban elevados sueldos y no eran de la zona. En tal sentido, constituiría un 'fraude" advirtió Rodriguez.

En esta línea el relevamiento incluye los movimientos bancarios de los últimos años.

Sin embargo hay un par de casos que lograron captar la atención del funcionario judicial.

El primero esta ligado al cobro de un "asesor" que cobró 340.000 durante este año. Se trata de una persona de nacionalidad peruana, que cumple un cargo de asesor en el Ministerio de la Familia y no tiene domicilio en la zona. Según los primeros datos estaría dedicado a hacer tareas ocasionales como jardinero en Buenos Aires.

El segundo caso que resulta llamativo está ligado con la contratación de una persona mayor, madre de un ex funcionario del gobierno vinculado a las investigaciones en causas de corrupción. Lo que intenta determinar la fiscalía es si se trata de una burla para pagarle al abogado.

Lo otro que mira con atención el funcionario es la reiteración de un apellido en buena parte de las contrataciones realizadas en el Ministerio de Familia y pide información a la Legislatura para chequear si esto viene desde el mandato de Torres Otarola como diputada provincial.

Lo que se investiga es un "fraude al Estado" por el presunto cobro de "dineros del erario público por servicios que nunca se realizaron" señaló Rodríguez.