Si bien el Gobierno suspendió este miércoles la redacción de la resolución que obligaba a las empresas a congelar los precios, por estas horas en el equipo económico evalúan seguir adelante con la decisión de aplicar la ley de Abastecimiento, la misma que utilizó el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió este miércoles el llamado del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que reclamaba suspender la resolución. Dujovne tomó el pedido y se lo transfirió al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para que negocie con las petroleras una propuesta que el mismo Lopetegui había sugerido antes.

Este jueves a la mañana, el secretario estuvo en diálogo con las distintas empresas por separado y volvió al plan inicial: aplicar la resolución que fija los precios. Esa era la decisión tomada a las 12 del mediodía.

La intención oficial es congelar de manera automática el precio del barril para el mercado doméstico a los valores del viernes pasado, previo a las PASO. Esto significa fijar el tipo de cambio a $45,19 (mercado mayorista) y el precio internacional del petróleo a US$59 (índice Brent). En la práctica, con un dólar cercano a los $60, el barril criollo costaría menos de US$45.

Para las petroleras, esto "destruye las inversiones en Vaca Muerta", porque fija el valor del barril a un precio muy cercano a los costos de extraerlo, y vuelve a cambiar las reglas de juego en un sector que piensa sus inversiones a no menos de 20 años. Para el gobierno de Neuquén significa, además, una disminución en la recaudación por regalías.

Las petroleras no integradas redactaron un borrador este miércoles de un documento que tienen pensando enviarle a Lopetegui si se avanza con la ley de abastecimiento. Firman la carta Tecpetrol (del grupo Techint), Vista & Oil (la empresa de Miguel Galuccio), Pluspetrol, Shell, Chevron, Exxon Mobil y Equinor.

En el documento, que todavía no está firmado, las petroleras advierten que avanzar con una medida de fijación de precios resultaría "seguramente en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos".