En una semana clave por la convocatoria del Ejecutivo a sesión extraordinaria virtual este viernes para tratar el proyecto de zonificación minera en la Legislatura de Chubut, crece el alerta social y la tensión política.

Este miércoles a última hora se conocerá si hay dictamen por parte de la comisión de Recursos Naturales, que se reúne a las 18 horas. Integrada por nueve diputados y presidida por Carlos Eliceche, deberá dar o no el dictamen para el tratamiento del viernes. En este marco, los movimientos del No a la Mina ya están convocando a manifestaciones, entre ellas la de este 4 de febrero en Esquel.

Previo a esto, hoy se reúnen las comisiones de Hacienda y de Asuntos Constitucionales para evaluar si hay modificaciones al proyecto 128/20, denominado de "Desarrollo Productivo de la Meseta", que incluye la habilitación de la extracción minera a través de una zonificación.

Luego de encuentros con gremios, empresarios, dirigentes y los propios legisladores el proyecto ya sufrió modificaciones, pero en esta reunión de hoy se conocerá si ya están las cinco firmas que se necesitan para un dictamen de mayoría, que luego podría tratarse el viernes como ley general y que requiere mayoría simple.

Son nueve los miembros de la comisión de Recursos Naturales: el justicialista Eliceche, la radical Andrea Aguilera, el madrynense Sebastián López; los justicialistas Tatiana Goic y Mario Mansilla; los cuatro miembros de Chubut al Frente: Carlos Gómez, Roddy Ingram, Mariela Williams y Rossana Artero.

Entre las reformas al proyecto 128 está "la exclusión absoluta de los ríos Chubut y Telsen" del mapa de zonificación. Asimismo, incluir la contratación de mano de obra local no solo en operarios, también en profesionales y técnicos. Asimismo, se definieron cambios en los conceptos de renta: Bono de Compensación Minera, Fondo Fiduciario para Infraestructura y Fondo Fiduciario de Sustentabilidad.

Por otra parte, se propuso incorporar a Petrominera en la distribución de los fondos de regalías y plantear mecanismos para que participe en las explotaciones habilitadas. Además, se solicitó que las universidades e instituciones técnicas y/o científicas formen parte de los organismos de control.