La realidad es que la situación penitenciara en nuestro país atraviesa un momento crítico, según el informe presentado por la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, existe una sobrepoblación de internos en las cárceles federales, es por ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación trabaja en el Plan Estratégico buscando cumplir con la Constitución Nacional y los estándares internacionales.

Es de público conocimiento la elaboración de una lista de internos que estarían en condiciones de salir en libertad de manera anticipada o gozar de alguna medida alternativa de seguridad monitoreada, que encontró rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos respecto de algunos nombres.

Pero la realidad es que hay al menos 1400 internos residiendo en cárceles federales que estarían en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria o a salidas transitorias.

Otro dato es que en el año 2015 solo 25 internos estaban en condiciones de acceder al Programa de Vigilancia Electrónica y actualmente serían unos 2100, reflejando claramente que de adoptarse esa medida, se descomprimirían las cárceles.

Existen algunos ejemplos actuales sobre el traslado de cárceles federales en nuestro país, uno de ellos, ya llevado a cabo es el traslado de la Unidad 9 ubicada en la ciudad de Neuquén a la localidad de Senillosa ubicad a 33 km de la ciudad capital. Dicha unidad penitenciaria (Senillosa) fue construida por la provincia de Neuquén en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Justicia de la Nación. La provincia construyó el penal para poder trasladar a los internos y canjearlas por las tierras que ocupaban en  la ciudad de Neuquén.

Hay que tener en cuenta que las cárceles poseen ciertos parámetros para ser construidas (cercanías juzgado, hospital e impacto ambiental ente otras), por eso debemos ser precavidos al postular alguna locación en particular, ejemplo de ellos fue la idea de construir la cárcel dentro del Parque Nacional Los Alerces, que jamás estuvo en la mesa de trabajo ya que es inadmisible.

Otro ejemplo que se encuentra en ejecución, es el traslado de la Unidad ubicada en Capital Federal (Devoto) a un complejo penitenciario sito en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Según trascendió en los medios la construcción tendría un costo cero para la gestión de Rodriguez Larreta, al vender parte de las tierras para financiar la construcción de la cárcel en la provincia y el resto de las tierras serían destinadas a espacio público, conocido como pulmón verde.

Volviendo a nuestra localidad, actualmente la obra de ampliación se encuentra en ejecución en la cárcel de Esquel que contó con un presupuesto de $ 26.627.637,39 fue adjudicada a finales de 2015. La licitación se remota a fines del 2014 y luego de una reestructuración presupuestaria se aprobó la construcción de dicha ampliación. Dicha construcción constaría con salones y pabellones para alojar internos, aproximadamente 40 % más de los internos que actualmente permite el cupo.

Pero no debemos dejar de lado el convenio existente entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el gobierno de la provincia de Chubut, el cual habilita un cupo "provincial" para el alojamiento de presos provenientes de la justicia provincial dentro de las cárceles federales, por consiguiente, si la otra unidad ubicada en la provincia no dispone de plazas deberían ser alojados en la cárcel de Esquel.

Tampoco es novedad que las comisarías de la región alojan presos que ya cuentan con condena y de ahí la importancia de contar en nuestra ciudad con los módulos carcelarios aprobados por la provincia de Chubut, en principio para poder cumplir de manera adecuada con la progresividad de la pena permitiendo descongestionar las comisarías, que actualmente contarían con la cantidad similar a los que podrían ser alojados en dichos módulos.

Las cartas están echadas, la gestión que pueda realizar el intendente quizás permita el traslado en un futuro no muy cercano, debiendo gestionar en pos a darle una continuidad de las políticas públicas, contar con financiamiento para el proyecto presentado por el municipio o enmarcarlo dentro de algún proyecto de revitalización del espacio público o de seguridad ciudadana (urbanismo) como los que avala el Banco Interamericano de Desarrollo.