Un detenido en la causa que investiga contrataciones de Educación
Se trata de un empresario que quiso hacer desaparecer documentación que luego encontraron en la cámara séptica #Mira
Richard Daniel Schmidt, responsable de Ramida SRL y Lada Construcciones SRL, fue detenido en prisión preventiva en la causa que investiga contrataciones realizadas por el Ministerio de Educación para la refacción de escuelas en la provincia.
Schmidt fue detenido por entorpecimiento de la investigación pasado el mediodía del miércoles, en el marco de distintos procedimientos que se realizaron en oficinas públicas, domicilios particulares y empresas.
"Estábamos seleccionando documentación, Schmit pasa por un escritorio y la hace desaparecer, y la encontramos en el baño y la otra en la cámara séptica del patio" indicó el fiscal Rodriguez en contacto con los medios.
Los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams lo investigan por "llevar adelante distintos aportes tendientes a quedarse con las obras de mantenimiento y refacción de las escuelas".
Una mañana llena de allanamientos
Durante la mañana del viernes comenzaron a realizarse allanamientos simultáneos en el Ministerio de Educación de Chubut, empresas y domicilios de monotributistas. Es por causa que investiga contrataciones para refacción de escuelas
La causa judicial, caraturalada como "Ministerio Público Fiscal s/ defraudación Ministerio de Educación", está a cargo de los fiscales de la Unidad de Investigaciones de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez y Alex Williams.
Los procedimientos se realizan en el despacho del subsecretario del Ministerio de Educación, en las empresas Lada SRL, Ramida SRL, Gefer SRL, Calypso revestimientos, y en los domicilios de los monotributistas Jorge Santucho, Félix Currumil y Daiana Henriquez.
Los fiscales buscan teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación sobre las operaciones realizadas por los monotributistas y las empresas Lada, Ramida, Calypso y Gefer con el Ministerio de Educación.
La causa se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales. La calificación jurídica inicial que investigan los fiscales es la de "administración fraudulenta en perjuicio del erario público".
PH: Radio3cadenapatagonia
