Ciudadanos afectados por el brote de hantavirus del año 2018 en Epuyén denunciaron a las carteras ministeriales de todos los niveles del Estado de aquel período, por el "delito de acción pública de propagación de peligro sanitario" por el que deberían responder los ministros de Salud de entonces: por Nación, Rubinstein, por provincia, Pezzi y el Municipio de Epuyén.

Vecinos de la comarca se constituyeron como querellantes y presentaron la denuncia en el Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto, con el patrocinio letrado de las doctoras Sonia Ivanoff y Elvira Oliva Cortez.

"Que venimos a ser tenidos como parte querellante, conforme al art. 82 Ley 27372 ccs sgts. por ser particularmente ofendidos por el delito de acción pública de propagación de peligro sanitario de "hantavirus" previstos en los arts. 202 y 203 del Código Penal, contra el Estado Nacional, Estado Provincial, Municipal y/o quienes resulten responsables de la puesta en peligro de la salud pública", expresan los denunciantes en el Objeto de la presentación

En contacto con Notas de Radio por FM SOL, Ivanoff explicó que considera que "hubo omisión o negación del peligro de contagio interpersonal sin que ningún funcionario tomara las decisiones o suspensiones acordes en torno a mitigar los más de 35 contagios con el 50% de letalidad, según indicó y luego tampoco existieron las políticas de readecuación de infraestructura sanitaria o la instalación de protocolos de protección.

Por otra parte, recordó que "ya venían investigaciones desde 1996 desde el instituto Malbrán sobre la letalidad del contagio interpersonal, lo que generó protocolos en otras provincias".

Este miércoles tuvo lugar una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro, debido a que la Fiscalía se declaró con incompetencia parcial, porque entendió que no había elementos para endilgar responsabilidad. Ese dictamen fue declarado nulo y la fiscalía apeló, por lo que pasó a otra instancia. "Esperemos tener buenas noticias y que prosiga la causa, que recién se inicia".

Ivanoff marcó que en materia penal se imputa a quienes tomaron o debían tomar las decisiones en aquel período, de todos los niveles del Estado.