En la tercera de las jornadas de la llamada audiencia "preliminar", los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez le pidieron al juez Sergio Píñeda que los siete imputados en la causa "Embrujo" sobre los que pesan medidas coercitivas -prisión preventiva o arrestos domiciliario-  continúen en esa situación por temor a que se fuguen o que en libertad puedan entorpecer a los casi dos centenares de testigos que deberán contar lo que saben en el juicio oral y público.

Se trata de Diego Correa, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y Diego Luters acusados de ser miembros de una asociación ilícita creada para enriquecerse ilícitamente mediante maniobras ilegales para hacerse de fondos del Estado provincial.

Los dos fiscales coincidieron en expresar que a medida que se acerca el juicio oral -se cree que podría iniciarse el próximo mes de febrero y podría extenderse por varios meses- crecen las posibilidad de que intenten entorpecer la investigación influyendo  sobre algunos de los 170 testigo que deberán contar en el juicio oral y público todo lo que saben respecto de las maniobras que se investigan.

En este sentido el fiscal Rodriguez, parafraseando al defensor Fabián Gabalachis, destacó que esos testimonios solo en el juicio oral "convierten a las evidencias con las que hasta el momento se cuentan, en pruebas. Y son solo pruebas las que podrán demostrar la responsabilidad y la culpabilidad de los imputados".

También los fiscales consideran que de permanecer en libertad hasta ese momento, podrían fugarse habida cuenta de las penas que les podrían caber en caso de ser hallados culpables, tal como lo consideran los investigadores.

Los defensores Gabalachis (tiene de clientes a Correa, Figueroa y a Mac Leod), Javier Romero (defiende a Gatica), Damián D´Antonio (defiende a Souza y a Luters) y Omar López (asiste a Ramón), pidieron la libertad de los imputados a los que representan o en tal casa la morigeración de la prisión preventiva mediante el arresto domiciliario y la colocación de tobilleras electrónicas. Argumentaron en general que ya no tienen posibilidades de entorpecer la investigación teniendo en cuenta que la misma ya está finalizada, que poseen arraigo en la zona y no se van a fugar o, como en el caso de Gatica, razones de salud personal y de algunos de los integrantes de su entorno familiar directo.

Cabe destacar que también los defensores cuestionaron las imputaciones legales de varios de los acusados, concluyendo en solicitar respectivos sobreseimientos.

El juez Piñeda tomó cuenta de todas las posturas, y al respecto resolverá en los próximos días.