La Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales de Chubut, junto al gremio SITRAJUCH anunciaron un pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal, Javier Raidan, y denuncias penales contra todos sus integrantes. El conflicto estalló tras un incremento salarial que elevó sus ingresos a casi 10 millones de pesos mensuales.

El Poder Judicial de Chubut atraviesa un crítico momento como hacía tiempo no se veía. La decisión de los seis ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de otorgarse un aumento del 50% en sus ingresos, mediante acordadas internas, derivó en una escalada de tensión institucional que involucra a gremios, magistrados, el Ejecutivo provincial y organismos de control.

El aumento, que elevaría los sueldos de los jueces supremos a cifras cercanas a los 10 millones de pesos mensuales, motivó una serie de medidas de fuerza por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), y provocó una reacción inédita por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que decidió denunciar penalmente a los seis integrantes del STJ y solicitar el juicio político contra su presidente, Javier Raidan.

El Superior Tribunal de Justicia, del aumento al escándalo: crónica de un conflicto con denuncias penales y pedido de juicio político

Un pedido de explicaciones que anticipaba el conflicto

La escalada del conflicto entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut y los distintos actores del Poder Judicial tuvo un antecedente directo semanas antes del anuncio de juicio político. El 23 de mayo de 2025, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut presentó un pedido formal de acceso a la información pública al presidente del STJ, Javier Raidan, en el que solicitaba detalles sobre todos los conceptos salariales y adicionales que perciben los seis ministros del máximo tribunal, así como el Procurador General y el Defensor General.

El requerimiento, firmado por el presidente de la Asociación, el juez de Esquel Claudio Petris y la secretaria Marcela Pérez Bogado, ponía bajo la lupa la posible existencia de pagos por fuera del esquema oficial, la reactivación de un viejo acuerdo plenario de 1989 que otorgaba un 10% extra en concepto de “erogaciones propias de la investidura”, y el uso de fondos bajo la partida de “gastos reservados”. 

Uno de los puntos más sensibles era verificar si estos pagos adicionales vulneran la Ley I N° 301 —de Porcentualidad Judicial—, que garantiza que cualquier mejora salarial en la cúpula del Poder Judicial se replique proporcionalmente en toda la estructura judicial.

Además, la Asociación pidió información sobre designaciones realizadas sin concurso desde enero de 2025 en adelante, exigiendo las resoluciones que respalden cada caso. La solicitud no fue respondida por el STJ en tiempo y forma, lo que derivó semanas después en un recurso de amparo y alimentó el malestar que hoy atraviesa al sistema judicial chubutense.

Claudio Petris Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut
Claudio Petris Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut

Magistrados y funcionarios enfrentados con la Corte provincial 

A través de una votación masiva realizada por Zoom, la Asociación de Magistrados decidió por amplia mayoría denunciar penalmente a los seis ministros del STJ y avanzar en un pedido de juicio político contra Raidan, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación a la Ley de Ética Pública y a la norma de porcentualidad salarial dentro del Poder Judicial.

Además, anunciaron que interpondrán un recurso de amparo para exigir información oficial sobre los aumentos, y un juicio de ejecución para que se apliquen los mismos criterios salariales a todos los estamentos judiciales.

La decisión incluye también el pedido de juicio político al presidente del máximo tribunal, Javier Raidan; iniciar un juicio de ejecución para cobrar los aumentos acordados y, por último, interponer un recurso de amparo para que el Superior responda al pedido de informes que oportunamente realizó la Asociación.

La denuncia penal apuntaría a resaltar el incumplimiento de los deberes de funcionario público en los que habrían incurrido los Ministros al aumentarse sus ingresos, sin que dicho incremento salarial respetara, entre otras normas, la ley de ética pública y de porcentualidad que posibilita que todo aumento de salario alcance a todos los estamentos del poder judicial de manera proporcional a la categoría de cada empleado.

Con esta medida, además de Raidan, deberán dar explicaciones Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Mario Vivas y Andrés Giacomone. 

En los últimos días trascendieron además millonarias compras y gastos por parte de los miembros del Superior. 

Los magistrados que impulsan el juicio político denuncian también nombramientos sin concurso dentro del Poder Judicial de familiares o allegados a los jueces supremos, y casos de presunto maltrato y persecución laboral, entre otros. 

Al reclamo de los jueces se suma el del gremio Sitrajuch por reclamos salariales y cuyo titular, Fernando Cárcamo, aseguró que los ingresantes cobran actualmente $950.000. 

Ese conflicto escaló la última semana debido a la suspensión y postergación por 10 días de la reunión que iba a tener el Sitrajuch con los representantes del Superior Tribunal, en medio de una conciliación obligatoria que desde el vamos había sido cuestionada por el sindicato.

Tensa situación con el gremio y conciliación obligatoria

Gabriela Huenchual, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh), expresó su indignación ante lo que considera un trato injusto hacia los trabajadores. Según Huenchual, los ministros del STJ se autoasignan aumentos millonarios, mientras que los derechos de los empleados judiciales son ignorados, incluyendo el incumplimiento de la ley de Porcentualidad y la deuda de retroactivos ordenados por la Corte Suprema. 

La situación se tornó más complicada cuando la Subsecretaría de Trabajo intervino, dictando la conciliación obligatoria y convocando a una audiencia para el 19 de junio. Sin embargo, el gremio ha rechazado esta medida, calificándola de improcedente y dilatoria. 

Durante asambleas realizadas en diferentes puntos de la provincia, los trabajadores manifestaron que esta acción parece estar destinada a poner en pausa el conflicto apuntando a que se “enfríe” en vez de abordar las cuestiones fundamentales que han llevado a la protesta. 

Entre las demandas del SiTraJuCh se destacan la derogación de las acordadas que benefician a la cúpula judicial, el pago de la deuda salarial y el cumplimiento de la ley que vincula los salarios de los empleados judiciales con los sueldos de los ministros.

A pesar de la insistencia del STJ en que el camino a seguir es el de la conciliación, el sindicato ha determinado que el paro continuará. Además, no se descartan medidas más contundentes si no se obtienen respuestas concretas a sus reclamos. 

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Compras millonarias y privilegios

Todo comenzó con una publicación del exministro Fernando Royer. El exjuez publicó en su cuenta de Facebook que los ministros del STJ habían adquirido seis camionetas Toyota SW4, con un costo de más de 420 millones de pesos. Además, sumó viáticos, pasajes, gastos sin discriminar, tarjeta corporativa y alquileres pagos.

Royer no sólo fue ministro de la corte durante 25 años, sino que también había firmado en 1989 la Acordada que ahora vuelve a estar bajo la lupa. Esa norma establecía un adicional del 10% para los jueces superiores, en concepto de erogaciones propias de la función. Con los años, ese porcentaje creció hasta el 30%. Según la Asociación de Magistrados, la acordada perdió vigencia en 2005 con la ley de porcentualidad, pero nunca se derogó.

A ello se suman denuncias por presuntos nombramientos sin concurso de familiares y allegados, y situaciones de maltrato y persecución laboral.

El gobernador marcó distancia

El gobernador Ignacio Torres expresó su rechazo a los aumentos y habló de una “interna judicial”. Criticó el privilegio de los fueros y cuestionó a los jueces por no acompañar su propuesta de eliminar las inmunidades para funcionarios, sindicalistas y magistrados.

Vale recordar que la Asociación de Magistrados, se elevó una acción para declarar inconstitucional la eliminación de los fueros, al tiempo que consideró que no se trata de un privilegio, sino de una garantía de independencia.

Explicó que de avanzar la reforma los jueces quedarían desprotegidos frente a fallos con los que esté en desacuerdo el Poder de turno y decida denunciar. Petris señaló que el análisis debería hacerse y abarcar a todos los poderes del Estado, no sólo a los jueces. En su momento fue el vicegobernador Gustavo Menna quien salió a responder señalando que no se trata de una manifestación del Poder Judicial, sino de una entidad que, a su entender, no representa a la mayoría del sector.

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Miquelarena y Daroca toman distancia

Sin embargo, un dato que no es menor se dio a conocer en las últimas horas y está referida a la decisión tomada por el procurador general Jorge Miquelarena y el defensor general Sebastián Daroca quienes dieron marcha atrás con los aumentos que también los beneficiaban y restablecieron los porcentajes salariales previos a las acordadas del STJ.

En medio de la creciente tensión dentro del Poder Judicial, el procurador general de la provincia, Jorge Luis Miquelarena, resolvió retrotraer los efectos del aumento dispuesto en los Acuerdos Plenarios del STJ que habían elevado el adicional por “erogaciones propias de la investidura” al 60%

Mediante la Resolución N.º 111/25 PG, Miquelarena determinó que ese plus vuelva a ser del 10% sobre el total de las remuneraciones —excluido el rubro antigüedad— tal como establecía originalmente el Acuerdo Extraordinario N.º 2797/89. 

Además, instruyó a la Dirección de Gestión y Ejecución Presupuestaria para que calcule las diferencias salariales percibidas en exceso y se proceda a su devolución. Con esta decisión, el procurador se desmarca del polémico aumento que originó el conflicto institucional con el Superior Tribunal de Justicia.

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¿Qué sigue?

El conflicto continúa en plena escalada. El pedido de juicio político deberá ser evaluado por la Legislatura de Chubut. En tanto, el gremio judicial sigue en alerta y mantiene medidas de fuerza, mientras que los jueces del STJ no han emitido declaraciones públicas ni han mostrado señales de dar marcha atrás con las subas cuestionadas.

Este martes, primer día hábil de una semana corta, se esperan nuevas definiciones que podrían marcar un antes y un después en la estructura del Poder Judicial de la provincia.