Durante una audiencia de revisión solicitada por el defensor de los imputados, las Juezas de Puerto Madryn María Alejandra Hernández y Patricia Reyes ratificaron y confirmaron la decisión que había adoptado la Jueza Carolina Marín resolviendo la prisión preventiva de Fernando Lefimi y Nicolás Ariel Avila, quienes fueron imputados por delitos cometidos el 20 de julio en el barrio Planta de Gas de Trelew durante una caminata partidaria.

El evento se desarrolló luego de la audiencia de control respectiva, al solicitar Abdón Manyauik la revisión por dos jueces y en tal sentido actuaron las magistradas de Puerto Madryn en sistema web, mientras en la sala de audiencias del tercer piso de los tribunales en Trelew se encontraban el defensor, la fiscal Julieta Gamarra y los imputados.

Justamente la fiscal ratificó los argumentos vertidos durante las audiencias de control y consideró que la decisión de la doctora Marín se ajusta a derecho, y tuvo en cuenta los elementos colectados, reiterando fotografías que muestran las armas y los involucrados en los hechos.

Las doctoras Hernández y Reyes, luego de un breve cuarto intermedio rechazaron los agravios defensivos y reafirmaron los fundamentos de la Jueza natural de la causa, para confirmar la prisión preventiva de Fernando Lefimi y Nicolás Avila por el término de tres meses, quienes se suman a Pablo Patricio Alarcón, quien ya fue impuesto por la misma medida de coerción en relación a los mismos hechos.

Hechos

La doctora Gamarra señaló que el 24 de julio la misma Jueza autorizó allanamientos y detenciones, procedimientos que se llevaron adelante al día siguiente lográndose el secuestro de elementos y la detención en este caso de Alarcón en una hora cercana a las 5, encontrándose acostado y con un arma calibre 9mm.

Describió la fiscal que el hecho sucedió el 20 de julio aproximadamente a las 16,30 en un sector del barrio Planta de Gas, cuando Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre junto a otros dirigentes y militantes de su agrupación partidaria se disponían a recorrer el lugar con el fin de repartir boletas y conversar con los vecinos, pero se vieron obstaculizados por un grupo antagónico, por lo que decidieron redirigir la caminata, contándose con gran cantidad de personas participando de la misma. Así las cosas, en un momento Nicolás Avila, Pablo Alarcón y otra persona comenzaron a realizar numerosos disparos para impedir el traslado de la gente, a la vez que les pedían que se vayan. También utilizaron un motovehículo, donde dos de ellos circulaban efectuando disparos. Cuando Alarcón fue detenido, al momento de la irrupción del grupo Geop tenía entre sus manos el arma sin autorización legal con doce municiones y en condiciones de uso.

Calificación y riesgos procesales

El Ministerio Público Fiscal calificó lo ocurrido como el delito de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y en concurso real con tenencia de arma de guerra en calidad de autor. Expuso además sobre la materialidad y autoría, de acuerdo al artículo 220 y la existencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento, artículos 221 y 222 del código.

En tal sentido, se explayó sobre las actuaciones policiales y enumeró fotografías y videos, en algunos de los cuales los imputados se mostraban con armas y ufanándose de haber sacado corriendo a los camioneros. Consideró la fiscal la gravedad de lo sucedido, ya que se debe analizar el contexto, con gran cantidad de personas movilizadas y siendo un lugar sumamente poblado. Así y todo, efectuaron disparos de armas de fuego y si bien se secuestraron en el sitio seis balas servidas, los testigos dan cuenta que fueron más de una docena de estallidos. Se indicó que la pena es de tres a doce años de prisión, la que seguramente se despegará del mínimo. Por otra parte, aseveró que Alarcón demuestra un no sometimiento a derecho, ya que tiene rebeldías impuestas en noviembre de 2020 por no presentarse a una audiencia preliminar, en febrero de 2021 una rebeldía y pedido de captura y en septiembre de 2022 otra declaración de rebeldía.

Respecto al entorpecimiento, dio a conocer que hay mucha gente que reside en el lugar donde viven los imputados, el mismo donde sucedieron los hechos por lo que los testigos no se atreven a hablar debido al temor que imponen. Tanto en redes sociales como en sus estados demuestran el poder que tienen y el manejo de armas de fuego. Por todo esto solicitó la prisión preventiva por seis meses, además de la apertura de investigación por el mismo plazo legal.