A través de una Resolución firmada por la rectora Lidia Blanco y dada a conocer en la jornada de este jueves 31 de agosto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, expresó su "profunda preocupación y enérgico repudio" a algunos discursos partidarios expresados tras las PASO.

“Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Honorable Consejo Superior expresa su profunda preocupación y enérgico repudio al contenido de discursos partidarios expresados en las últimas PASO del mes de agosto, los que sostienen la implementación futura de políticas de Estado orientadas a desaparecer el CONICET, el rango ministerial de Salud y Educación, el sistema previsional y la soberanía monetaria en nuestro país”, comienza el comunicado.

Señalaron que estas declaraciones se realizaron “desde una base insuficiente de datos, desinformación y desconocimiento sobre la importancia de estos estamentos para impulsar un desarrollo sostenible y -sobre todo- soberano en nuestro país”.

“Desde la creación de Estado Nacional Argentino, configurado como garante e impulsor de derechos, deberes y garantías para toda la ciudadanía, salvo períodos dictatoriales donde se suspendieron los derechos constitucionales y hubo desapariciones -las que se constituyeron como prácticas ya juzgadas- no se registran en democracia explicitaciones de estos alcances, los que nos pone en la obligación desde la responsabilidad social que nos compete, de ocuparnos de estos temas actuales y expresarnos en consecuencia”, agregaron.

Asimismo remarcaron que “el efecto implosivo para las instituciones estatales que tendrían estas medidas, en el caso de las Universidades públicas, impactan en su autonomía, estatutos y -sobre todo- en el ejercicio de la docencia, investigación y extensión que se configuran como misiones sustanciales”.

“Para nuestra comunidad educativa es base estatutaria defender la libre expresión, el derecho de elegir y ser elegido, siempre basados en el respeto por las instituciones, sus estatutos, fines y objetivos que aseguren la consolidación democrática”, expresaron.

“Reafirmamos nuevamente que la educación en todas sus dimensiones es un bien social y un derecho humano fundamental, no una mercancía de libre intercambio que privilegia méritos para su acceso y competencia de mercado para su desarrollo”, concluye el comunicado.