El Secretario de Seguridad de la Provincia insistió con la denuncia sobre presuntas irregularidades en la compra de las cámaras de seguridad en las gestiones de Rafael Williams y Pablo Durán en el Ministerio de Gobierno.

Si bien el Procurador General de la Provincia afirmó en las últimas horas que la presentación debía ser cursada por el fuero civil, Massoni logró que la Fiscalía de Estado acompañe su postura.

Para Massoni hay varias situaciones para analizar, la compra por encima de los valores de mercado, la contratación directa fundada en la emergencia en materia de seguridad que imponía un contexto de urgencia y la falta de entrega del material comprado.

Las compras de las camaras eran para los Centros de Monitoreo de Trelew, Rawson, Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

El dictámen avalado ayer por la Fiscalía de Estado, advierte las irregularidades denunciadas por Massoni en la adquisición de las cámaras a una empresa contratista, instruye  que se labren sumarios administrativos contra los funcionarios intervinientes y exige que se reclame a la empresa contratista los montos por los incumplimientos detectados.

Los ex funcionarios cuya conducta estaría observada son el ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, el ex ministro de Gobierno, Rafael Williams, y su sucesor Pablo Durán; y el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, Pablo García.

La compra en cuestión es por la adquisición de  462 cámaras de seguridad por 35,5 millones de pesos durante la "Emergencia de Seguridad" en junio del 2016.

La documentación

Massoni aclaró dias atrás en FM SOL que se compró una Ferrari "y entregaron un Fiat 600 viejo". Para el funcionario se instalaron menos cámaras de las pagadas y de inferior calidad.

También sostiene que faltan cables de fibra óptica y otros materiales que nunca aparecieron.

Para Massoni hay una contradicción elocuente entre la "urgencia" que justifica la contratación directa de esta empresa justificada con la "Emergencia de Seguridad" y los resultados obtenidos con la adquisición de estas cámaras, que nunca llegaron a verse.

En este sentido el secretario de seguridad habla de responsabilidades de los funcionarios del momento que se realizó la compra y recepción de los materiales.

Según el diario El Chubut Massoni explicita las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que intervinieron en la contratación directa de esta empresa que proveyó las cámaras. "El ministro de Gobierno, Rafael Willimas, ha tenido el manejo discrecional de los fondos respecto de la partida presupuestaria de su ministerio y en ese tenor ha llevado la compra directa de servicios por un precio que excede ampliamente los costos de mercado", dice el dictamen de Massoni.

El secretario de Seguridad expone que estos supuestos desmanejos continuaron cuando Rafael Williams dejó la cartera de Gobierno. "Tras la renuncia de Williams asume Pablo Durán, quien autoriza pagos a la empresa contratista", sostiene el funcionario.

En tanto, Massoni repara sobre la intervención de Pablo García, quien "solicita la autorización para la adquisición sin motivar la urgencia y la emergencia de dicho pedido, como lo exige la legislación vigente en la Ley de Contrataciones Directas, una rigurosa motivación basada en la urgencia y emergencia del gasto a erogar, se lleva a cabo un proyecto que muy lejos está de satisfacer esta urgencia ante la precaridad de su funcionamiento, mala calidad de insumos utilizados y corta vida útil ante cualquier contingencia externa", sostiene.

Fuente Diario El Chubut