Durante la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, realizada este viernes 23 de mayo, se vivió un momento de fuerte tensión política cuando el concejal Martín Escalona (Unión por la Patria) anunció que presentó una denuncia penal contra el intendente Matías Taccetta por presuntas dádivas y cohecho.

El eje de la denuncia gira en torno al reciente viaje del mandatario municipal a México, que según declaraciones del propio Taccetta, fue financiado por desarrolladores inmobiliarios interesados en invertir en la ciudad.

El Intendente nos responde, tanto a mí como a la concejal Chamorro, que ese viaje fue financiado por inversores inmobiliarios. De manera que mi pedido de informe fue respondido de manera informal”, señaló Escalona en el recinto. 

Agregó que esta situación lo motivó a impulsar la conformación de una comisión investigadora, iniciativa que no prosperó.

El concejal opositor afirmó que se necesita acceder a documentación oficial que solo puede obtenerse a través de la Justicia

Por eso presentó la denuncia en Fiscalía, apuntando a que sea el Poder Judicial quien determine si hubo o no delito en torno a este viaje y sus posibles vinculaciones con ordenanzas que beneficiaron inversiones privadas.

Entre los puntos cuestionados, Escalona mencionó la ordenanza que reglamenta los conjuntos inmobiliarios, aprobada en diciembre pasado en un tratamiento que calificó como “apresurado” y “a medida”. 

Afirmó que la normativa —que habilita proyectos como barrios cerrados— fue impulsada sin los debidos estudios legales, ambientales ni urbanísticos.

Además, el edil recordó que en octubre de 2024, Taccetta salió de vacaciones y que, según el expediente, no está claro si el destino fue nacional o internacional. “Pedí acceso a la información pública sobre ese viaje porque quiero saber si ya había ido a México en ese momento”, señaló.

Escalona también solicitó formalmente que el intendente presente ante el Concejo copias certificadas de los expedientes relacionados con la licencia de vacaciones, el viaje a México y las ordenanzas vinculadas a inversiones turísticas e inmobiliarias.

“Nosotros necesitamos ser prolijos en la gestión pública. Si una ordenanza sale de la noche a la mañana para facilitar una inversión extranjera y encima te pagan los pasajes, es muy dudoso”, cuestionó Escalona, y aseguró que “obturada la vía política”, no quedó otra alternativa que recurrir a la vía judicial.

Según el concejal, la falta de respuestas documentadas por parte del Ejecutivo motivó esta decisión. “Lo que nosotros pedimos es respaldo documental, no una tomada de mates por los medios”, expresó.

Ahora será la Justicia quien determine si el viaje del intendente y sus vínculos con inversores constituyen delitos o si se trató de una situación políticamente controvertida, pero legalmente válida.