La abogada de los cinco vecinos del No a la Mina que solicitaron la nulidad del proyecto de zonificación minera, cuyo tratamiento está pendiente en la Legislatura, confirmó la apelación ante la Cámara Civil del fallo de la jueza Arbilla, que finalmente resolvió que el tratamiento del proyecto siga su curso (y revisiones) dentro del mismo poder legislativo.

Cabe recordar que la jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Dra. Alicia Arbilla, rechazó la Medida Autosatisfactiva promovida por el Sr. Mauricio Ruiz y las Sras. Nelly Rovera, Nora Corvalan, Pascualina D'Orazio y Viviana Moreno, contra la Provincia del Chubut, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, mediante la cual se solicitaba la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley N° 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura por flagrante inconstitucionalidad.

Vecinos del No a la Mina en Tribunales-Medida autosatisfactiva para decretar la nulidad del proyecto de zonificación
Vecinos del No a la Mina en Tribunales-Medida autosatisfactiva para decretar la nulidad del proyecto de zonificación

En este marco, la abogada de los demandantes, Dra. Silvia de los Santos, detalló los argumentos con los que se presentará la apelación. "La jueza entiende que los elementos que aportamos no son suficientes para concluir con certeza, que no cuenta en este estado con un pronunciamiento penal respecto de la falsedad ideológica documental denunciada por Guillermo Velázquez (CONICET) y tampoco si las consultas al mundo indígena cumplen o no con las exigencias de convenios y normas constitucionales" repasa.

"Vamos a apelar esta decisión por contradictoria. Como necesitaba mayor debate y prueba la jueza escindió el proceso en dos, en una medida cautelar de suspensión y en un proceso de fondo donde vendría la provincia a contestar la demanda, a ofrecer su propia prueba y dar tiempo. Sin embargo, cuatro días después vuelve sobre sus propios pasos, deja sin efecto este desdoblamiento procesal y resuelve la cuestión por cuestiones de forma".

La abogada entiende que "es grave porque supedita derechos sustanciales a cuestiones de forma". Sobre la consulta al mundo indígena, explica que "no hubo consulta, lo estamos denunciando. Y que no cuenta con un pronunciamiento penal...todos los ilícitos generan responsabilidades, penal e incluso una civil, no podría dejar de juzgar con el pretexto de que no tiene una sentencia penal".

"Vamos a trabajar en la apelación con estos argumentos, ya que la misma jueza dice que el tema de la cuestión justiciable del procedimiento legislativo es posible, es factible de control judicial en casos excepcionales".