Trabajar solo en altura es un delito: la investigación clave por la caída de un torrero en Chubut
La Fiscalía formalizó una investigación por “lesiones gravísimas culposas” por un hecho ocurrido el 13 de diciembre de 2024 en Tecka, cuando un torrero sufrió una caída desde al menos 20 metros de altura mientras trabajaba solo en una antena de telefonía
Muchas veces, las normativas de seguridad laboral son consideradas un trámite burocrático o una serie de reglas que complican las tareas diarias. Sin embargo, son barreras críticas contra la tragedia. Cuando se ignoran, el resultado no es un "accidente", sino un delito.
Dicho esto, este martes, la Fiscalía formalizó una investigación por "lesiones gravísimas culposas" por un hecho ocurrido el 13 de diciembre de 2024 en Tecka, cuando un torrero sufrió una caída desde al menos 20 metros de altura mientras trabajaba solo en una antena de telefonía. Este incidente no fue un golpe de mala suerte, sino el resultado de una cadena de omisiones.
La regla de oro ignorada: nunca trabajar solo en altura
Una de las omisiones más determinantes en este caso fue permitir que la víctima, en su rol de "torrero", realizara trabajos en altura sin ningún tipo de compañía. La investigación fiscal determinó que esta decisión no solo fue imprudente, sino que violó directamente una norma explícita establecida en el convenio colectivo de trabajo 201/92. La regla es tan clara que no deja lugar a interpretaciones: indefectiblemente el trabajo debe ser realizado con dos torreros como mínimo.
En este caso, un segundo torrero no habría sido un mero ayudante; habría sido un sistema de seguridad activo. La Fiscalía indicó que, teniendo en cuenta las horas trabajadas en solitario, las condiciones de trabajo en altura en solitario y el nulo soporte en altura y en tierra, era previsible que el hecho podría llegar a ocurrir.
La supervisión es planificación, no solo presencia
La investigación identificó al supervisor de esa tarea, según la información proporcionada por la empresa. El caso de la Fiscalía no se centra en una acción directa que provocó la caída, sino en sus graves omisiones, que crearon las condiciones para que ocurriera. Las dos omisiones clave fueron:
- No realizar una planificación previa y adecuada de la tarea, evaluando los riesgos inherentes.
- Permitir que trabajara solo, ignorando el protocolo de seguridad explícito que exigía la presencia de un segundo torrero.
La Fiscalía subrayó que las fallas en la supervisión fueron la raíz del accidente.
La cadena de acontecimientos que llevó al gravísimo desenlace en el cual resultó lesionado el torrero encuentra su fundamento en omisiones y acciones que se tradujeron en una inobservancia de los deberes a cargo de quien supervisaba toda la maniobra.
La supervisión efectiva es proactiva, no reactiva. Comienza con una planificación rigurosa de riesgos y culmina en la autoridad para decir "no" y postergar una tarea hasta que sea indiscutiblemente segura. La ausencia del supervisor en estos deberes previos fue, a criterio de la acusadora, la verdadera causa raíz del incidente.
Cuando un 'accidente' es una consecuencia previsible
El argumento central de la fiscalía es que el resultado no fue un evento impredecible o un "accidente" en el sentido estricto de la palabra. Por el contrario, fue una consecuencia previsible de una serie de decisiones negligentes. Dadas las circunstancias —"las horas trabajadas en solitario, las condiciones de trabajo en solitario, el nulo soporte en altura y en tierra"—, la fiscalía concluyó que era "previsible que el hecho podría llegar a ocurrir".
Estas condiciones no surgieron de la nada; crearon activamente una "situación de riesgo" que fue determinante para el desenlace. El costo humano de este riesgo previsible fue catastrófico. La víctima sufrió gran cantidad de lesiones que pusieron en riesgo su vida, incluyendo fracturas en múltiples vértebras de su columna (cervical, dorsal y lumbar), fractura de cadera y escápula, y severas laceraciones en órganos internos que requirieron una esplenectomía, la extirpación quirúrgica del bazo.
La investigación, que está a cargo del fiscal Fidel González y el funcionario de fiscalía Julián Forti, cuenta con un plazo de seis meses para concluir y decidir si la llevan a juicio o se acuerda alguna salida alternativa.