El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspender por cuatro meses sin goce de haberes al jefe de la Asesoría de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, mientras avanza el proceso de jury en su contra por denuncias de maltrato y acoso laboral dentro de su lugar de trabajo.

Según informó el Diario Jornada, la decisión fue adoptada por el Tribunal integrado por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra; los representantes de los matriculados de los Colegios de Abogados, Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía; y los diputados María Andrea Aguilera y Gustavo Fita, en representación de la Legislatura provincial.

El caso se inició a partir de una denuncia elevada el 6 de junio por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, que expuso situaciones de maltrato y acoso laboral contra una empleada, ejercidas —según la presentación— por su superior jerárquico, el Dr. Sánchez.

Tras la apertura del sumario y la recolección de testimonios, la instructora del caso, Lucía Pettinari, consideró acreditado el mal desempeño del funcionario y un conjunto de conductas que se enmarcan en los parámetros establecidos por el Convenio 190 de la OIT, que protege la dignidad de las personas frente a situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.

El informe concluyó que existió “violencia y acoso laboral” y también “violencia y acoso por razón de género”, entendidos como comportamientos que afectan de manera desproporcionada a personas de un determinado sexo o género e incluso incluyen el acoso sexual.

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En sus fundamentos, Pettinari detalló que las conductas denunciadas fueron “frecuentes, continuadas y por años” y que las personas involucradas “sufrieron daños psicofísicos como consecuencia del accionar del Dr. Sánchez”. También se señaló que dichas acciones violaron la dignidad de las trabajadoras afectadas.

Otro de los puntos centrales del dictamen fue la inequidad en la distribución de tareas, que, según los testimonios recabados, recayó especialmente sobre empleadas mujeres, generando sobrecarga laboral y evidenciando “una falta ética en la función del magistrado, la ausencia de decoro y probidad propia de un funcionario público”.

Una “cultura del miedo” en la oficina

El dictamen sostuvo que, más allá de los hechos individuales, la prueba testimonial permitió acreditar “la existencia de una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como método de gestión por parte del Dr. Sánchez”.

Esta atmósfera laboral, afirmó la investigación, favoreció que las conductas abusivas se prolongaran durante años, silenció a las víctimas y causó un “profundo daño al servicio de justicia”, afectando la posibilidad de denunciar y garantizando la impunidad del funcionario durante ese período.

Mientras continúa el proceso de jury, Sánchez permanecerá suspendido sin goce de haberes. El Tribunal de Enjuiciamiento evaluará el conjunto de pruebas y definirá, en una instancia final, si corresponde su destitución o alguna otra sanción prevista por la normativa vigente.

  • Con información de Diario Jornada