Santiago Maldonado desapareció durante un operativo de Gendarmería Nacional el 1° de agosto de 2017, donde se denunció la represión durante una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.

Luego de 78 días, el cadáver del joven fue encontrado 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. La autopsia reveló que el joven murió por asfixia por sumersión. Este año se cumplirán 7 años de su muerte, y la investigación en torno a la responsabilidad de personal de Gendarmería Nacional podría tener novedades próximamente.

En este marco, según indicó ADNSUR, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia convocó para el próximo 28 de febrero a una audiencia a las partes, en concreto a la fiscalía y la querella, para que fundamenten el por qué piden seguir investigando a un grupo de gendarmes por la muerte del activista.

La sospecha siempre estuvo sobre el accionar de la Gendarmería Nacional ya que ese 1 de agosto se llevó a cabo un operativo en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.

Los sobreseimientos de primera instancia beneficiaron al gendarme Emmanuel Echazú, investigado por desaparición forzada de persona; y también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estos tres últimos acusados por los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

En primera instancia, el juez Gustavo Lleral consideró que la Gendarmería que desalojó el predio no detuvo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona, y que está descartado que haya depositado el cuerpo del joven en el lugar donde fue encontrado sin vida.

Por apelación de la querella, el caso otra vez recaló en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la cual intervino para ordenar que se siga investigando.

Fuente ADN SUR