Grave denuncia por fraude en SEROS Chubut: el gobernador Torres anunció denuncias penales

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, anunció en conferencia de prensa la denuncia penal contra prestadores de la obra social provincial SEROS por falsificaciones de recetas, firmas y estudios médicos con el objetivo de obtener beneficios económicos. 

La causa se caratula como defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento y, eventualmente, asociación ilícita. El perjuicio económico exacto para la obra social será determinado a medida que avance la investigación judicial. 

Fueron parte de la conferencia de prensa el Presidente del Instituto Sergio Wisky, el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone y el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena.

“Tomamos la decisión de intervenir el instituto y normalizarlo. Se hizo una auditoría cuando notamos que se habían disparado algunas prestaciones y decidimos ir a fondo. Agradezco a los trabajadores y al personal del instituto”, expresó Torres. En ese marco, destacó que el proceso de control y depuración permitió un ahorro fiscal de más de 1.000 millones de pesos en esta primera instancia.

Casos de fraude: recetas falsas y estudios inexistentes

Según el informe elaborado por el área de Auditoría Médica del ISSyS, el caso que refiere a una profesional del rubro de la Psiquiatría, expuso que en el lapso de tiempo entre noviembre y diciembre del año 2024, la médica cometió diversos hechos que resultan encuadrar en conductas penadas por nuestro código penal sustantivo.  En su calidad de profesional de la salud, y prestadora de servicios del Instituto, realizo facturaciones psiquiátricas en nombre de afiliados que no habrían recibido atención medica de su parte, ni se habrían entrevistado con ella en ninguna ocasión.  

Por otro lado, de la Auditoria Medica realizada surge que la profesional prescribió, en diversas oportunidades, recetas para medicamentos psiquiátricos en nombre de afiliados que no necesitaban de los mismos. 

Dichas recetas habrían sido utilizadas para retirar medicamentos de diversas farmacias de manera mensual por la denunciada, generando un impacto económico aproximado, a partir de dicha maniobra fraudulenta, que asciende a $1 millón en perjuicio de los afiliados del Instituto. 

Dichas conductas, reprochables moral y éticamente, comprometen no solo la confianza de los afiliados con el sistema, sino también la confianza de la sociedad con las instituciones de salud, y en apariencia configuran delitos penales tipificados por el Código Penal.  

Los delitos por los cuales fue denunciada la médica psiquiatra son "falsificación de documentos privados" (art. 292 C.P.); "fraude en perjuicio de la administración pública" (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.); y "uso indebido de identidad" (Art. 296 C.P.), sin que se descarte la posibilidad de comisión de otros tipos penales en su calidad de autora, conforme el Artículo 45 del Código Penal. 

Engaño a un paciente 

Otro de los casos relevados y denunciados tiene como denunciado a un cardiólogo, quien de acuerdo a la investigación, del 26 al 29 de noviembre de 2024, habría cometido una serie de hechos penados por el Código Penal. 

En su calidad de profesional de la salud, y prestador de servicios del Instituto de Seguridad Social y Seguros, el profesional declaró y consignó en la foja quirúrgica de un paciente que había realizado un procedimiento percutáneo, lo que conlleva una intervención médica invasiva, cuando en realidad dicho procedimiento, según surge de las pericias realizadas por Auditoria Médica, nunca se realizó.  

Esto reviste aun mayor gravedad, ya que dicho accionar se llevó a cabo a través del engaño al paciente, quien ingresó a la clínica, permaneció en una habitación, y horas después se le informó que no fue necesario realizar el procedimiento por el cual está siendo ingresado al instituto médico. 

Sin embargo, al solicitar copia de su historia clínica, el paciente detectó que el procedimiento en cuestión había sido registrado como “realizado”, con todas las formalidades correspondientes.  

Es así como el afiliado decidió realizar la denuncia en la obra social y se puso a disposición de las autoridades de la misma, a efectos de ser revisado por los auditores médicos, quienes constataron la inexistencia de dicho procedimiento. 

Este comportamiento en apariencia contrario a las normas que rigen la ética profesional, así como también tipificado el Código Penal, tuvo un impacto económico sobre las arcas de la obra social ISSyS, así como también para el erario público provincial, sin mencionar la vulneración a la confianza del paciente, quien fue engañado respecto a su atención médica. 

Las calificaciones legales encuadradas en la denuncia son "falsificación de documentos públicos/privados" (art. 292 C.P.); "fraude en perjuicio de la administración pública" (Art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.) y la posible comisión de otros tipos penales en calidad de autor, por parte del profesional y hasta entonces prestador del ISSyS.

Irregularidades en prescripciones 

Uno de los casos más graves denunciados, apunta al accionar de un traumatólogo que habría indicado más de 1.700 prescripciones, entre ellas imágenes, materiales y prácticas médicas, superando por un margen significativo a los diez traumatólogos principales de la provincia en este tipo de indicaciones. 

Este accionar configura el mayor porcentaje de gastos de la obra social respecto de prescripciones en imágenes, y ante esta situación, la obra social Seros resolvió dar de baja al profesional en su calidad de prestador, tras haber confirmado las irregularidades, las cuales se consideró causaron "daños económicos de relevancia a la obra social, de tal magnitud que aún no se han podido cuantificar". 

Falsificación de la firma de un auditor, el caso de Esquel

Otro de los hechos de mayor gravedad fue detectado en noviembre de 2024. 

Según el informe elaborado por la Auditoría Médica del ISSyS, un centro de diagnóstico por imágenes de Esquel habría utilizado el sello y la matrícula de uno de los médicos auditores de la entidad, sin su consentimiento. 

Ello, para la prescripción de estudios médicos, en su mayoría resonancias magnéticas. La cantidad de estudios realizados de manera irregular ascendieron a 159, generando un impacto negativo en las arcas de la obra social, equivalente a $21 millones.  

A su vez, se configuró una notoria falta de controles internos por parte de los auditores y responsables de ISSyS, quienes no detectaron, o bien al hacerlo, no corrigieron las maniobras en tiempo y forma, permitiendo un accionar contrario a la normativa vigente. 

En este caso, los delitos encuadrados en la denuncia son el de "falsificación de documentos públicos/privados" (art. 292 C.P.); "fraude en perjuicio de la administración pública" (Art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.), sin que se descarten otros posibles tipos penales en calidad de autor para la persona denunciada.

“No solo vamos a hacer las denuncias penales correspondientes, sino que queremos que esos estafadores dejen de trabajar en SEROS, paguen las consecuencias legales, les quiten las matrículas y vayan presos”, enfatizó el mandatario provincial.

El rol del Instituto de Seguridad Social y Seguros

El presidente del Instituto, Sergio Wisky, destacó el trabajo del equipo de finanzas en el control del gasto y la estabilización de la obra social. “Este es un acto de coraje que fortalece la honestidad en la gestión. Los casos mencionados por el gobernador son apenas 4 de un total de 16 detectados hasta el momento. A esos prestadores ya se les dio de baja y seguimos analizando otros posibles casos”, afirmó.

Afectación a la administración pública

Por su parte, el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, subrayó la importancia de la investigación: “Es una buena noticia que esto se destape, porque la obra social es de los afiliados y somos muchos los perjudicados en esta provincia”. Además, destacó el impacto de los delitos de corrupción en el entramado social y valoró el trabajo de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública en la detección de estas maniobras fraudulentas.

La investigación sigue en curso y se espera que, con la denuncia formalizada, la Justicia avance en la imputación de los responsables. Desde el gobierno provincial aseguraron que se reforzarán los controles en la obra social para evitar nuevos fraudes y garantizar una administración transparente en beneficio de los afiliados.