Alejandro Invanissevich titular de varias empresas entre las que se destaca EMGASUD y Genneia  declaró ante el Juez Bonadío que hizo  pagos indebidos a funcionarios de la gestión kirchnerista con el objetivo de financiar campañas en los últimos años.

El empresario si bien es mendocino, pasó gran parte de su vida en Chubut, donde entre otras actividades estuvo vinculado con la construcción del Gasoducto Patagónico, con su empresa Emgasud.

Tiempo después estuvo ligado al Proyecto Ingentis, que se convirtió en Genneia para realizar el Parque Eólico de Rawson.

¿Quién es Alejandro Ivanissevich?

Alejandro Ivanissevich nació en Mendoza pero se crió en Rawson y se hizo conocido en los 90, primero como privatizador de Gas del Estado y más tarde como ejecutivo de peso de la empresa italiana Camuzzi.

Su salto más importante al mundo de los negocios, ya a título personal, se produjo cuando fundó Emgasud, que en principio fue pensada para la distribución de gas en la costa Atlántica y que luego se extendió a otros límites regionales, cuando cosechó una relación personal con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su ministro de Obras Públicas, Julio De Vido.

Llegó a la provincia del Chubut en la gestión de Mario Das Neves, para la construcción y operación del gasoducto patagónico, entre Comodoro y Esquel y luego con el controvertido proyecto Ingentis 1 y 2 (Dolavon y Esquel),  que al día de hoy se sigue discutiendo su sentido pero sobre todo el destino de lo que la provincia destinó sin resultado alguno.

En 2008 comenzó a operar, ya con Genneia, las centrales térmicas de Río Mayo y Gobernador Costa, que tienen 7 megas de potencia instalada, y  que le venden energía a la provincia, con quien suscribió un contrato que  expira el 31 de diciembre de 2035. Una empresa sin mantenimiento en su equipo que si bien argumenta que la provincia nunca le pagó el servicio, siguió operando hasta el momento. Hoy cinco comunidades cordilleranas están analizando como sobrevivir a esta situación con el abastecimiento energético. Se trata de Tecka, Gobernador Costa, José de San Martín, Rio Pico y Atilio Viglione.

Durante la gestión de Mario Das Neves se impulsó este proyecto en el que el Estado participó como socio principal, con el 61% de las acciones. El otro 39% la tenía inicialmente Emgasud, que luego las vendió a Pampa Holding, que posteriormente las transfirió a Petrominera, cuando decidió retirarse del negocio que, para el Estado y los chubutenses, no dio rédito alguno pero sí un gasto muy importante.

Viejos conocidos

No es la primera vez que fiscal Stornelli revisa la actuación de Invanissevich.

En el año 2007 el entonces diputado chubutense Carlos Lorenzo denunció y aportó los primeros datos sobre presuntos sobreprecios en la ejecución del Gasoducto Patagónico que se construyó entre Comodoro Rivadavia y Esquel.

Esta obra se hizo a partir de las mismas normas nacionales que dieron pie a las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur.

Pero las escasas diferencias que muestra la obra de Emgasud son muy interesantes. En los gasoductos Norte y Sur, las licenciatarias privadas que explotan el transporte del gas actuaron como gerentes del proyecto de ampliación y contrataron a varias empresas constructoras, como Skanska. Otro nombre conocido en el ámbito tribunalicio.

En cambio, Emgasud, gerente del proyecto del Gasoducto Patagónico, actuó también como constructor. Pero lo hizo, según la fiscalía, con un agravante: en su objeto social no figuraba la construcción o instalación de gasoductos. Esto se subsanó posteriormente.

Para Stornelli, el doble papel de Emgasud como gerente y constructor constituyó una irregularidad respecto de lo dispuesto por la resolución 663 de 2004 de la Secretaría de Energía.

Como en las ampliaciones del Norte y Sur, en el Gasoducto Patagónico el financiamiento corrió por cuenta de Nación Fideicomisos, una sociedad del Banco Nación.

Y como en los otros dos gasoductos, en el Patagónico también hubo diferencias de precios y adendas al contrato originario. El dictamen fiscal sostiene que, en el comienzo, el costo de la obra se calculó en 243.600.000 pesos, pero tras una adenda del 5 de octubre de 2005 y un acuerdo complementario de agosto de 2006, el costo final habría sido de 295.648.220 pesos.

El dictamen cita la denuncia de Lorenzo sobre la adjudicación directa de la obra a Emgasud, "disfrazada" como una "obra por administración", y "el cuádruple rol de la empresa de cofiduciante, gerente del proyecto, constructor y futuro operador", cuando las dos últimas funciones habrían sido incompatibles pues el que construía la obra era, al mismo tiempo, el encargado de controlar esa tarea.

Fuente: La Nación, El Patagónico