El tribunal integrado por los jueces Fabio Monti, Miguel Caviglia y Jorge Novarino resolvió rechazar el pedido de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez para declarar la causa "compleja" la emergencia climática y extender los plazos procesales. Para los funcionarios de no ser así los imputados podrían ser sobreseídos y por lo tanto, el caso impune.

De todas formas restan seis meses más, por lo que el plazo para el inicio del juicio oral y público vencería el 27 de diciembre de 2021.

A punto de prescribir y generar una situación que podría beneficiar a los imputados, los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams pidieron a los jueces de la causa por la "emergencia climática" la ampliación de los plazos procesales y que la causa sea considerada compleja.

Fue el fiscal general Omar Rodríguez quien argumentó sobre la necesidad de ampliar los plazos del proceso. La apertura de investigación fue el 27 de junio de 2018 por lo que el 27 de este mes vencía el plazo procesal de tres años. La postura de los investigadores y lo pedido al Tribunal, es que se extienda a cinco años y para ello se debe caracterizar a la causa como "compleja".

Ahora con el tiempo más acotado, el pedido fiscal de ampliar los plazos y que la causa sea declarada "compleja", fue fundamentado por la situación real de pandemia por COVID que habría alterado el proceso ante las restricciones para el normal funcionamiento del sistema judicial en el Chubut. Sumado a esos inconvenientes, consideraron además a la causa como "compleja por la gran cantidad de imputados, la naturaleza de los delitos investigados" y que se trata de "un caso excepcional y que la Ley permite la ampliación de los tiempos procesales". Los querellantes representantes de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado adhirieron a esta postura.

Esta causa refiere a sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia por la que atravesó la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017.

Los imputados son ex funcionarios provinciales y comerciantes de la zona. Se trata de Diego Correa, Diego Luters, la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale.

También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes.