El abogado Daniel Sandoval es el representante de un grupo de vecinos  que en 2019 presentaron un amparo vinculado a la contaminación que entendían que podía generar la Planta de Tratamiento de Residuos, a partir de un presunto mal manejo. En base a esta acción judicial se llevaron adelante distintas medidas y el municipio tuvo que presentar informes. 

Ahora, luego de que ayer se firmara un acta acuerdo por el reclamo de la Comunidad Nahuelpan donde se materializa el compromiso de cambiar de ubicación la PTRSU por la contaminación que sufren los pobladores, Sandoval dio su punto de vista. Para el letrado "lo que se firmó es una mentira social". Resaltó que por el momento "no tenemos el estudio de impacto ambiental, que implica un tiempo necesario, un dinero necesario, y tiene que cumplir con ciertas pautas de la Ley General de Ambiente".

Aseguró que el gobierno municipal está incumpliendo las medidas judiciales: "La doctora Arbilla la semana pasada intimó a la municipalidad para que, en el termino de 5 días, de cumplimiento al segundo informe que debería haber realizado el 31 de mayo". Este informe estaba vinculado al monitoreo ambiental y el control del aire y el agua, entre otras cuestiones. 

"Si la municipalidad de Esquel quiere firmar cualquier acuerdo lo puede hacer, la cuestión es que acá tienen que cumplir una orden judicial", consideró el abogado. Resaltó que la orden de Arbilla "está vigente y se debe cumplir": "No se está cumpliendo con una sentencia judicial".

Con respecto a mudar la Planta, opinó: "Yo creo que es imposible". Sostuvo que los problemas generados por la PTRSU son "netamente de gestión y no de localización". "Es una decisión política, económica y una proyección respecto a lo que significaría la reubicación en un tiempo de los próximos 10 o 15 o si se acelera por la mala gestión", concluyó.